jueves, 30 de septiembre de 2010

A 18 AÑOS DE LA MAYOR VERGUENZA NACIONAL

El 24 de setiembre se cumplieron 18 años de la mayor verguenza nacional, la privatización de YPF.
Alli estaban emocionados, Nestor, Cristina y muchos de los actuales funcionarios del gobierno actual, " nacional y popular " .


A 18 años de la sanción de la LEY 24145


Hoy recordamos un día penoso para la Argentina, una historia que comenzó en silencio y culminó hace 18 años. El vaciamiento fue paulatino pero el golpe final comenzó el 31 de diciembre de 1990 cuando mediante el Decreto 2.778, el Poder Ejecutivo Nacional transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF S.A. El proceso de venta siguió con la Ley 24.145 sancionada el 24 de septiembre de 1992 y promulgada el 13 de octubre de 1992 para privatizar el resto del capital social disponible y transfiriéndose a las provincias el dominio de los yacimientos de los hidrocarburos. Es bueno recordar, sobre todo recordarles a aquellos que tanto se encargan hoy de ver que hacían los demás en el pasado, que tan sólo una semana antes de la sanción de la ley  24145, Cristina Fernandez de Kirchner tomó la palabra en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz en el 19º período legislativo, cuando los diputados se encontraban en la 11ª Reunión Sesión ordinaria el 17 de septiembre del año 1992. y expresó la: Necesidad de sanción del proyecto de Ley nacional “Ley de Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales”. Estas fueron las palabras que dijo en la legislatura Santacruceña: “Señor presidente: Venimos a requerirle que, a través de una declaración, nuestra Honorable Legislatura se expida exigiendo a los diputados nacionales del Distrito que posibiliten el tratamiento del proyecto de Ley de la Nación que trata sobre la transferencia del dominio público de los Yacimientos de Hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentre (trámite parlamentario 78-s-1992) en tanto se juega allí la perspectiva de futuro de nuestra Provincia ya que es aquella norma el marco adecuado para la resolución de las controversias que frente al Estado Nacional hemos tenido. Es que un conjunto de legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación, cada uno con sus respectivas razones, vienen obstruyendo la posibilidad de que aquella Ley de Federalización de Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tenga siquiera su tratamiento en esa Cámara. Como se comprenderá, ninguna argucia reglamentaria debe estar puesta al servicio de retrasar las soluciones que nuestra Provincia necesita. Del dictado de esa ley depende hoy el envío de los 480.000.000 de US$ y el pago de nuestra parte en la licitación de las áreas ya concretada.”

Otro de los que presionaba desde la legislatura Santacruceña era Héctor Icazuriaga actual Secretario de la Secretaría de Inteligencia de Estado también conocido como Sr.5.

Pero hay mas actitudes “nacionales y populares” de nuestra presidente y del ex presidente. Néstor Kirchner ejerciendo como gobernador de Santa Cruz dispuso la utilización del avión de la Gobernación para que el Diputado santacruceño Rafael Flores, por entonces con una pierna enyesada, pudiera viajar a la sesión de Diputados en la que se aprobó la privatización de YPF. Es de destacar que el PJ tenía serios problemas para lograr el quórum y dar inicio a la sesión, lo que lograron con la presencia de Rafael Flores; incluso los radicales, en su totalidad, no dieron quórum y bajaron al debate una vez que el Presidente de la Cámara Alberto Pierri abrió la sesión, entre quienes dieron quórum siendo participes necesarios para este saqueo al pueblo argentino estaban además de Parrili y Flores, Felipe Solá, Acevedo, Albamonte, Álvaro Alzogaray, Eduardo Amadeo, Eduardo Camaño, Oscar Lamberto, Lorenzo Pepe, Alberto Pierri, Miguel A. Toma, Varela Cid, Yoma, Maqueda, Carlos Ruckcauf, Natale, Matzkin, etc…Lo doloroso para aquellos que se identifican con el peronismo histórico, y no con el Pejotismo es que luego de sancionar la ley, todos ellos cantaron emocionados la Marcha Peronista, imagen tragicómica de la historia argentina que quedó para siempre en la memoria en la película de “Pino” Solanas “Memoria del Saqueo”.
Pero quizás las palabras mas fuertes hayan sido las del actual  Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien fuera el miembro informante del Bloque Justicialista en aquella oportunidad. En aquella oportunidad Parrilli: aclaró "No sentimos vergüenza por lo que somos, y tampoco venimos a pedir disculpas por lo que estamos haciendo” Indudablemente tenían un compromiso con la causa, indudablemente estaban identificados con el modelo. Siguió  “Nos hacemos presentes en esta sesión con la firme convicción de que estamos dando los pasos que la sociedad argentina y el mundo nos están exigiendo para lograr la transformación de nuestro país.
Otro de los que festejaba pero desde un palco preferencial era José Estenssoro (padre de la Senadora de la Coalición Cívica), presidente de YPF, quien sostuvo  que “ la privatización, que reportará  alrededor  de 8,000 M u$s".
Pero si de capacidad de negociación hablamos recordemos el papel que desempeñó en todo este fraude a la patria, el ex presidente Néstor Kirchner, quien en su rol de Presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) negoció con Carlos Menem (a quien en 1997, después del robo del estado y los indultos, calificó como el Mejor presidente de la historia). El acuerdo era que si la nación pagaba a las provincias regalías supuestamente mal liquidadas mediante acuerdos extrajudiciales, las provincias que integraban la OFEPHI apoyarían la operatoria.
El 22 de septiembre de 1992, los gobernadores de la OFEPHI se reunieron con Manzano a cuya finalización Kirchner ofreció una conferencia de prensa en la mismisima Casa Rosada. Desde allí pidió apoyo para la privatización de YPF e instó a que los disidentes, al menos, dieran quórum.
Esa noche, la noche del 24 de septiembre de 1992 Diputados aprobó el proyecto de ley. Trabajo hecho al estilo Menem y K.
Es difícil no sentirse indignado con el saqueo al que nuestro país y nuestro pueblo fueron sometidos, lo curioso, lo llamativo es que muchos que antes fueron socios, hoy se muestran como enemigos…la pregunta debiera ser cambiaron de ideas, ¿pelearte con el diablo te convierte en santo?
La respuesta es muy clara. Aunque le duela algunos.
Juan Marcos Palma


martes, 28 de septiembre de 2010

COMO SIEMPRE, SCIOLI SE LAVA LAS MANOS

Diario: Perfil.com

Fecha: 24 de septiembre de 2010

DENUNCIA POR GRAVE DAÑO ECOLÓGICO
La Justicia acorrala a la millonaria obra del Delta, pero la Provincia no se mete

Aunque la jueza Arroyo Salgado estudia ordenar el cese de obras, el Ejecutivo bonaerense aún analiza el impacto y no cree que deba intervenir.
Mientras la constructora Colony Park avanza en el denunciado proyecto millonario de "La Isla" en el Delta, la fiscal Rita Molina le envió a fines de agosto un pedido formal a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para que ordene el cese de las obras de la isla-country de ubicación privilegiada, porque estudios ambientales de la Provincia detectaron allí un gravísimo daño ecológico.
Según informaron desde la fiscalía a Perfil.com, Arroyo Salgado (la magistrada que interviene en la causa Noble) solicitó la semana pasada a la constructora del empresario Gabriel Schwartz toda la documentación que habilita las obras para construir un exclusivo 'country flotante'.
Incluso, la jueza requirió los estudios de impacto ambiental que nunca fueron aprobados por el ente de control medioambiental bonaerense, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS).
La semana próxima vence el plazo otorgado a Colony Park para que presente esos informes. De no hacerlo, Arroyo Salgado tendrá la posibilidad de hacer uso de la fuerza pública e interrumpir las obras.
La magistrada está a cargo en la querella que los isleños realizaron por "usurpación", "daños por estrago" y grave daño ecológico contra Colony Park. Los habitantes de la isla, en la demanda, también piden que se declare "ilegal" la venta a Colony Park por 30.000 pesos de las 400 héctareas.
Tras el pedido de la fiscal, Arroyo Salgado también requirió a la OPDS los informes de control ambiental que realizó en el lugar desde 2006. Perfil.com accedió a dos documentos de 2008 y 2009: se constató que "se modificó el ecosistema", la "geomorfología" de la flora y fauna autóctonas, así como se observó la elevación del terreno, lo que transformaría a la isla en un "tapón" ante las crecidas fluviales. Para la fiscal Molina esos fueron motivos suficientes como para ordenar una actuación policial.
Por esos informes, la OPDS no le otorgó a Colony Park la Declaración de Impacto Ambiental necesaria para seguir adelante con las obras, pero igual continuaron. Desde 2006, sólo la municipalidad de Tigre labró actas de paralización de obra y de contravención por más de 100.000 pesos. Más que eso no pudo hacer, debido a que el daño ecológico no prevé penas de prisión en la Argentina.


¿Y el Poder Ejecutivo? A todo esto, Perfil.com consultó a la OPDS si estudiaba, en el corto plazo, actuar sobre Colony Park al margen de las acciones judiciales. Desde el organismo que depende directamente de la jefatura de Gabinete provincial de Alberto Pérez respondieron a este medio que "el Estudio de Impacto Ambiental definitivo de Colony Park, actualizado el 14 de mayo de 2010, se encuentra actualmente en evaluación" y "hasta tanto se cuente con un informe técnico debidamente consolidado, resulta prematuro hablar de los impactos ambientales".


Según la Ley de Ministerios 13.757 de la provincia, la OPDS está facultada para ejercer el poder de policía. Sin embargo, el ente de control cita a otra normativa (la ley 11.723) para postergar su actuación con la fuerza pública. Como fue la comuna de Tigre la que actuó contra la constructora aplicando esta ley, desde la OPDS argumentaron ante este portal "que no fue necesaria la intervención del OPDS en ese sentido" y por eso "no es de su incumbencia" emitir una orden a Prefectura en cualquier caso.
Por su parte, los voceros de la comuna de Tigre insistieron a Perfil.com que su capacidad de suspensión de las obras es temporal y que el poder de policía permanente es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo provincial y de la Justicia.
De esta manera, todo indica que finalmente será la jueza Arroyo Salgado la que tendrá que actuar a partir de los numerosos reclamos de los isleños y de miles de vecinos de Tigre y San Fernando que rechazan el polémico proyecto inmobiliario "La isla".







martes, 21 de septiembre de 2010

MARCHA A LA CASA DE LA PROVINCIA

MARCHAMOS A LA CASA DE LA PROVINCIA A RECLAMAR POR NUESTRO TECHO


Los Vecinos Sin Techo del Barrio Las Tunas vamos a exigir al Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que arbitre los medios necesarios para hacer cumplir nuestro derecho constitucional a una vivienda digna.

Teniendo en cuenta que hemos sido desalojados mediante la fuerza pública del predio que habitábamos (y sin mayores explicaciones ya que sólo se nos decía que era una orden judicial) y nuestras pocas pertenencias fueron prendidas fuego en una gran hoguera mientras que, en el mismo horario, se televisaba en directo el partido de fútbol de Argentina en el último mundial.

POR ESO EL VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE MARCHAMOS A LA CASA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CALLAO 237 CAP. FED., A PEDIRLE AL SEÑOR DANIEL SCIOLI QUE CUMPLA CON NUESTRO DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

Pedimos a la comunidad que nos acompañe en este justo reclamo

Concentramos a las 15:00 Hs.
Mansilla y Beauchef, Barrio Las Tunas, Gral. Pacheco

Contacto:
sintecholastunas@hotmail.com
sintecholastunas@gmail.com
www.tigreladob.blogspot.com
CEL: 15-6982-1048

jueves, 16 de septiembre de 2010

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO PIEMONTE (CC) EN LA SESIÓN INFORMATIVA DEL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010


La primera cuestión es sobre narcotráfico: el incumplimiento del decreto firmado por el ex presidente Kirchner en el 2004 sobre radarización del espacio aéreo, el crecimiento de las pistas clandestinas. Tengo aquí lo expresado en el Senado por el Subsecretario de Seguridad Sergio Lorusso sobre las pistas y los vuelos clandestinos, él decía expresamente que “estamos seguros que no llegan a 60 vuelos diarios, pero sí que hay una multiplicidad de vías de ingreso de droga a la Argentina” (confesión de parte….). Pero además asistimos al crecimiento del consumo de paco y otras sustancias producto además del crecimiento de la producción de cocaína, la inexplicable falta de reglamentación de la ley 26045 sobre precursores químicos que ha convertido a nuestro país en uno de los principales importadores mundiales de efedrina, el lobby que hizo Ud. aquí, en esta Cámara, para que no se tratara la penalización del desvío de efedrina, el vaciamiento de la SEDRONAR producto de una interna gubernamental precisamente con Ud.
Y además Ud. sabe que narcotráfico implica lavado de dinero.
Ante la ausencia de condenas por lavado de dinero (no hubo una sola de relevancia en 10 años) La conclusión es que el lavado de dinero es algo consentido en la Argentina.
Y está clara también la relación que existe entre narcotráfico y delito, y el problema de inseguridad que vivimos los argentinos.

No puede venir aquí a decirnos que solo ha creado un comité asesor luego de 6 años de gobierno. Es vergonzosa la política de lucha contra el narcotráfico y el aumento de las adicciones. Más de 80 jueces nacionales sostuvieron en una de sus últimas reuniones que la oferta de drogas registra niveles sin precedentes, que aumentó considerablemente el número de muertes en torno a la droga, y que las bandas de narcos han recibido protección política.
10 niños por día son internados por día por consumo de droga y 1 de ellos muere. Ud. Señor Aníbal Fernández es el responsable de que miles de adolescentes pongan en riesgo su vida cotidianamente.
La otra cuestión que es inaceptable su silencio es sobre las vinculaciones entre el manejo del ministerio de salud a través de la APE con las obras sociales y la mafia de los medicamentos. Y esta trama asociada a su vez a estructuras políticas y al financiamiento de la última campaña presidencial

Sr. Fernández, aquí se ha negociado con la vida de la gente. Desde muchas obras sociales en tratamientos de enfermedades de alta complejidad se falsificaron medicamentos, historias clínicas, etc. para cobrar reintegros. Más allá que solo estén detenidos Zanola y Lorenzo se esconde una trama mafiosa amparada desde el poder. Estas obras sociales se vinculaban a droguerías que facilitaban los medicamentos adulterados. Estas droguerías fueron en su gran mayoría las principales aportantes de la última campaña presidencial del FPV. Por suerte o porque no le quedaba otra Oyarbide se acordó de citar a Capaccioli, recaudador del FPV de la última campaña presidencial y responsable del área de salud en relación a las obras sociales.
Según confiesa la esposa de Forza (Solange Bellone) aportaban porque necesitaban ayuda política, porque a su vez eran quienes estaban en el negocio de la importación de efedrina y otros precursores químicos para la fabricación de sustancias ilegales. Forza, Ferrón y Bina, los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez eran empresarios de este sector y aportantes a través de sus droguerías.

Quien está detenido por su muerte es Marín Lanata, domiciliado en Quilmes. En su declaración reconoció 2 cosas. Que gestionaba permisos en el Renar y que era amigo de Alejandro Giancristóforo. El Renar (registro nacional de armas) lo conduce Andrés Meizner también de Quilmes y candidato a intendente impulsado por Ud. Martín Lanata, el asesino detenido tenía nada menos que 52 permisos de armas otorgados por el Renar. Y conseguía permisos en tiempo récord, él le había conseguido a Forza (uno de los asesinados-aportantes) los 4 permisos que éste tenía. Giancristóforo era amigo de Lanata y empleado de Meiszner en el Renar, y también pertenece a su grupo político en Quilmes. El propio fiscal de la causa advirtió que se hallaba ante crímenes mafiosos.
Y el modus operandi sería el mismo que aquel famoso caso del muerto del freezer donde estaba acusado su amigo el ex intendente de Quilmes Villordo y Giancristóforo padre. Esto se asienta en el dictamen de la perito de la Procuración Roxana Kreimer, quien afirma que la escena de General Rodríguez fue armada y que los cuerpos estuvieron en un lugar de frío, tal vez una heladera. Para la perito, los asesinatos fueron entre el 7 y el 9 de agosto de 2008 y los cuerpos aparecieron el 13.

En estas causas aparecen también nombres como Martín Magallanes y Pérez Corradi que a su vez están también vinculados a la causa de los colombianos asesinados en el Unicenter de Martínez también por cuestión de drogas.

Vaya paradoja también Magallanes pertenece a su grupo político.
En la Argentina ya hay sicarios matando en casos de droga como en Colombia o México, y están vinculados al poder.

Por lo tanto lo que decimos es que en Argentina tanto el crecimiento del narcotráfico como las mafias que manejan los precursores químicos para la producción y el tráfico de drogas, con sus secuelas de muertes tienen responsable por acción u omisión, y ese responsable es Ud. Señor Aníbal Fernández.

Por todo ello no nos interesan sus respuestas porque no le creemos y porque no tiene autoridad para estar donde está. Ud. no ha cumplido con la Constitución de venir una vez por mes No solo por eso nos vamos a retirar sino porque no tiene sentido que sigamos acá escuchándolo. Porque además hemos presentado en esta Cámara un pedido para iniciarle a Ud. un juicio político.

Prensa: Gerardo López – 011-15-5228-1259

viernes, 10 de septiembre de 2010

PACHAMAMA,SUDESTADA Y MILITARES EN DIQUE LUJAN

Pachamama, sudestada y militares en Dique Luján

Por Indymedia Pueblos Originarios - Thursday, Sep. 09, 2010 at 4:08 PM


originarios-arg@indymedia.org


48 horas después de que unas 200 personas participaran de la ceremonia de la Pachamama, un grupo del Batallón de Ingenieros 601 del Ejército Nacional llegó al paraje Punta Canal en las afueras de Dique Luján (Tigre) para llevarse el puente que cruza el arroyo Garín. Finalmente se extendió por un mes el alquiler de esta estructura que posibilita el acceso público por la calle Brasil hasta el Canal Villanueva, donde viven dos familias y una anciana además de los integrantes del acampe en defensa de Punta Querandí, el predio ferroviario con restos arqueológicos que quiere ser adueñado por la empresa inmobiliaria EIDICO. Una vez expirado ese plazo, el lugar podría quedar aislado debido a que el "camino de las vías muertas" que servía de acceso desde hace décadas fue entregado por el Estado Nacional a dos barrios privados desarrollados por esta empresa, que lo convirtió en un canal privado. En tanto, la reciente sudestada que produjo la mayor inundación en 10 años renovó las críticas hacia los countries de parte de los vecinos aledaños que sufren mayores anegamientos debido a los altos rellenos de los terrenos efectuados por estas urbanizaciones.

Fotos del Movimiento en Defensa de la Pacha


El domingo 29 de agosto se realizó el cierre del mes de la Pachachama en Punta Querandí, en el límite de los partidos bonaerenses de Tigre y Escobar, a 50 kilómetros de la Capital Federal. Convocada por el Movimiento en Defensa de la Pacha, la cita fue en el fondo del paraje Punta Canal, donde se encontraba la parada intermedia de un ferrocarril que unía Ingeniero Maschwitz con Dique Luján (hasta 1967) y donde se han localizado al menos dos yacimientos arqueológicos con enterratorios humanos de las culturas ancestrales de la provincia de Buenos Aires (uno de ellos, identificado por los arqueólogos como "sitio Garín", quedó debajo del country Santa Catalina). En el lugar resisten integrantes de pueblos originarios del Gran Buenos Aires y vecinos no indígenas para defender tierras públicas que están siendo avasalladas por los megaemprendimientos inmobiliarios.
Unas 200 personas asistieron a la corpachada, ofrenda de agradecimiento a la Madre Tierra. Entre otros estaban pobladores de la zona, isleños del arroyo Caraguatá, vecinos afectados por barrios privados, docentes de escuelas de localidades cercanas, estudiantes de la carrera de Antropología de la Universidad de Buenos Aires, miembros de organizaciones ambientalistas (como la Asamblea Delta y Río de la Plata y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita, del partido de La Matanza) y del acampe de Vicente Lopez en rechazo al vial costero.

Video registrado por Cristian Cevidanes

La ceremonia fue encabezada por el abuelo kolla Pedro Moreira, de la Biblioteca Popular y Museo Indoamericano Inti Huasi de la localidad de San Miguel, uno de de los iniciadores del reclamo de las organizaciones indígenas urbanas por los sitios arqueológicos y humedales en la zona norte bonaerense. Luego de la ofrenda todos disfrutaron de un locro preparado con gran dedicación desde las primeras horas del día por los hermanos René y Rosi Choque, jóvenes quechuas de la Comisión de Pueblos Originarios de las Universidades Nacionales de Luján y General Sarmiento. Con muy bajo perfil, otro grupo presente era de la comunidad de los descendientes del reconocido cacique Pincén, uno de los mayores guerreros indígenas que lucharon en la provincia de Buenos Aires en tiempos de la campaña militar comandada por Julio Argentino Roca.


Representantes del oficialismo de Tigre fueron invitados especialmente a la ceremonia ya que en diversas apariciones públicas expresaron que el Gobierno acompañaba el reclamo de los pueblos originarios, pero no se acercó ningún funcionario ni concejal, a pesar de algunas promesas en ese sentido. El único legislador local presente fue el opositor Luis Cancelo (CC-ARI), que apoya la demanda por Punta Querandí desde el 2009, un año antes de asumir su banca.


POR LA PACHA. La corpachada a la Madre Tierra tuvo un gran marco de gente.


Es de destacar que el acampe en defensa del lugar ya lleva casi 7 meses y jamás recibió ayuda alguna del municipio de Tigre. Ni siquiera en los peores días del crudo invierno que recién comienza a ceder, hasta el punto de negarles el agua. Por el contrario, el campamento logró la atención de los medios (televisivos, gráficos y radiales) y de distintos organismos oficiales como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Este último organismo emitió un dictamen donde alerta de la destrucción de patrimonio arqueológico y recomienda a los municipios mayores controles sobre los emprendimientos inmobiliarios.




MILITARES EN PUNTA CANAL
ALQUILER VENCIDO. ¿Qué sucederá con los vecinos?


El martes 31 de agosto un grupo de militares llegó en dos camiones al paraje Punta Canal con el fin de llevarse el puente portátil prefabricado de su propiedad, conocido mundialmente como puente Bailey, que cruza el arroyo Garín. El puente en cuestión fue colocado un año atrás supuestamente para las obras de la Planta Potabilizadora de AYSA que se construye en calle Brasil y ruta 26, a un kilómetro (la misma que fue recientemente visitada por la presidenta Cristina Fernández). Lo cierto es que una vez instalado, la empresa EIDICO se vio beneficiado judicialmente. En efecto, el 18 de noviembre de 2009 el Juzgado de San Isidro revocó una medida cautelar existente en favor del vecino del paraje Carlos Arrambide, a quien le era imposible acceder a su domicilio en vehículo desde que la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) le transfiriera 3 kilómetros del "camino de las vías muertas" a dos countries. Dicha operación tiene numerosos puntos oscuros y ha sido puesto en duda en diversos proyectos legislativos en el Congreso Nacional.


Carlos Arrambide se dirigió a la Delegación de Dique Luján y volvió al lugar junto con representantes del Gobierno de Tigre. Finalmente la medida se aplazó por un mes, pero existe incertidumbre acerca de cómo se resolverá esta situación.
En los últimos años Arrambide presentó numerosos pedidos a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para anular la venta de las tierras ferroviarias que servían de calle pública. Recientemente también hubo presentaciones de otros pobladores del paraje y de integrantes de pueblos originarios. Por su parte, el presidente de ADIF, José Nicanor Villafañe, le comunicó por escrito a Arrambide que iban a acelerar la escritura a favor de los dos countries. En esta comunicación oficial el funcionario también aseguró desconocer la existencia de un sitio arqueológico o sagrado y de que hubiese un reclamo indígena por las tierras. Incluso negó que la declaración del Senado bonaerense de noviembre de 2009 donde se pide que las tierras en cuestión sean declaradas reserva arqueológica y sagrada de los pueblos originarios, tuviera algo que ver con un reclamo de… los pueblos originarios.


LA GRAN SUDESTADA Y LA IDEOLOGÍA DE EIDICO


DESBORDE. La desembocadura del arroyo Garín en el Canal Villanueva, horas antes del pico de la inundación.


El 2 de septiembre, el paraje Punta Canal así como toda la región se vio afectada por la mayor sudestada en 10 años. Si bien pobladores históricos aseguraban que en el sector donde está ubicado el acampe no solía inundarse, la urbanización de cientos de hectáreas de humedales a su alrededor, con el consiguiente relleno superando la altura de los terrenos vecinos, sumado a las dos ampliaciones del Canal Villanueva efectuadas por la empresa EIDICO en el 2000 y 2009, hicieron más vulnerable la zona.
En declaraciones a Indymedia en diciembre de 2008, Jorge O'Reilly, uno de los principales directivos de EIDICO, expresaba que las denuncias acerca de que sus emprendimientos generaban mayores inundaciones a los vecinos eran "falsas" y "fundadas en cuestiones ideológicas" . Y aseguraba que sus emprendimientos cuentan con todas las autorizaciones de la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, algo que fue recientemente cuestionado nada menos que por Eduardo Gutiérrez, el vicepresidente de la Cámara Empresarial de Desarrolladores Urbanos (CEDU).


A pesar de algunas pérdidas materiales debido a la inundación, el campamento en defensa del patrimonio natural y cultural sigue en pie y ahora con un tanque de agua de 750 litros, ideal para los días de calor que se avecinan. El mismo fue donado por la Granja Vientos de Libertad, un centro de rehabilitación para drogadependientes de la localidad de General Rodríguez que es parte del amplio arco de sectores que se identifican con el reclamo.


La red social Facebook, cuando no, sirvió como caja de resonancia del malestar y preocupación de vecinos por los nuevos anegamientos. La usuaria Karina Cabral expresó: "Estoy cerca de Punta Canal y esto sigue (la inundación), espero que a los señores del complejo 'Villa Nueva' les llegue un poco de agua nomás, y no es de mala, solo para que sepan lo que es y muchos se arrepientan de estar viviendo arriba de un cementerio de pueblos originarios".


PILETA. La calle Brasil vista desde el acampe hacia el convento de EIDICO.


lunes, 6 de septiembre de 2010

LOS NUEVOS VOCEROS OFICIALES

LOS NUEVOS VOCEROS OFICIALES


columnistas
A la derecha de la pantalla
Osvado Cornide, su tocayo Papaleo y el ministro Amado Boudou son tres caras del giro del Gobierno hacia el costado ideológico que jura combatir.


Por Alfredo Leuco


Hay tres características negativas que el Gobierno ha intensificado en los últimos días: el vaciamiento de la palabra, la degradación por derechización de sus voceros y el aislamiento político.


La liviandad con que los Kirchner usan y abusan de términos como “dictadura” y “delitos de lesa humanidad” sólo se explica por la utilización oportunista de un tema sagrado por el que jamás movieron un dedo en Santa Cruz. No se trata solamente de la fe de los conversos de aquellos que “hacían usura mientras a mí me buscaban para cortarme en pedacitos”, como denunció Miguel Bonasso. Es casi un monumento al doble discurso que levanten el dedito acusador aquellos que jamás presentaron ni un habeas corpus como abogados y que, como gobernantes provinciales, no organizaron ni una misa un 24 de marzo en homenaje a las víctimas. Sin embargo, hoy Néstor K habla de “dictadura mediática” y el staff de Cristina monta una superproducción por cadena nacional para quebrar al Grupo Clarín, donde se ve que hay de todo menos un crimen de lesa humanidad. Hasta Horacio Verbitsky, a quien nadie podrá acusar de opositor, con honestidad intelectual reconoció que en el informe de los “reformadores del Indec (...) tipeado con los guantes de box puestos” no aparecen evidencias demasiado concretas para semejante acusación, única que le da carácter de imprescriptible a una situación ocurrida hace 33 años.


Dos peligros se ciernen sobre el mundo de los que sí lucharon por la aparición con vida de los desaparecidos y contra el terrorismo de Estado: manipular el tema como un arma de castigo político para los no alineados con el Gobierno y bastardear palabras que se deben manejar con una precisión de cirujano. Si se iguala para abajo y una actitud autoritaria es caracterizada de dictadura o cualquier apriete es denominado como tortura o como delito aberrante, se pierde solidez histórica en conceptos que han funcionado hasta ahora como pilares en los juicios contra los genocidas de Videla y compañía. En todos los documentos presentados por el Gobierno y en todas las declaraciones judiciales de los Papaleo y los Graiver no aparece un solo mecanismo que pueda adquirir esa dimensión en la operación de traspaso de las acciones de Papel Prensa.


Consciente de esa realidad, Alberto Fernández (co-fundador del kirchnerismo, al igual que Bonasso) dijo: “A la Presidenta no hay que ponerla a decir cosas que después son difíciles de probar. Se construyó una historia que yo jamás escuché en 27 años de democracia”.


Los Graiver y los Papaleo fueron víctimas feroces del terrorismo estatal, pero una vez que fueron secuestrados y desaparecidos. Eran tiempos en que todos los argentinos, según Eduardo Galeano, nos dividíamos en cuatro: “los encerrados, los desterrados, los aterrados y los enterrados”.


La credibilidad de la palabra no sólo está en la rigurosidad de la información utilizada, sino en la boca de quien la expresa. Estela de Carlotto o Eduardo Luis Duhalde en los temas de violaciones a los derechos humanos tienen autoridad moral y consecuencia histórica. En su afán por defender al Gobierno tal vez puedan exagerar un concepto más que otro o potenciar la importancia de un caso. Pero se construyeron a sí mismos como portadores de una identidad suficiente como para que sus dichos tengan la fuerza de las verdades (o no mentiras). Podrá gustar o no lo que dicen y hacen, pero hablan desde el mismo lugar que hace más de tres décadas.


Por el contrario, el Gobierno adquirió como nuevos voceros en tres temas claves a Osvaldo Papaleo, Osvaldo Cornide y Amado Boudou, entre otros que no tienen una sola vela prendida en el altar del progresismo argentino. Papaleo, antes de ser víctima de los militares fue funcionario de Isabel Perón - José López Rega, etapa histórica que abre llagas de horror en la piel de toda la centroizquierda democrática y la militancia revolucionaria.


Los carapintadas de Aldo Rico y Seineldín, en sus alzamientos contra la democracia, contaban con empresarios amigos que solían hacerles algún aporte económico: entre ellos estaba Osvaldo Cornide, el mismo que, según reveló el periodista Maximiliano Montenegro documentación en mano, fue pieza activa en el lock-out patronal que abrió las puertas para el desembarco del golpismo de Videla, Massera y demás cómplices. Encima, un año después del asalto al poder, cuando se producía el pico de secuestros y desapariciones, Cornide publicó una carta de felicitaciones a los uniformados. Nadie puede asegurar si la actual obediencia de Cornide al matrimonio K tiene algo que ver con un fondo de 12 millones de pesos para capacitación de empleados que recibe la entidad que preside.
En el caso del ministro Boudou, su sobreactuación ha generado ironías entre kirchneristas de la primera hora, del tipo “más falso que Boudou cantando la marchita”. Su impostado lenguaje combativo, en las antípodas de su histórica pertenencia a la ortodoxia liberal, lo dejaron peligrosamente al borde del ridículo, único lugar del que, según Juan Perón, nunca se vuelve. Amado escribe su propia película Diario de motocicleta, como la del Che pero a bordo de una Harley Davidson.


Con estos y otros casos, los Kirchner confirman que se ven a sí mismos como una suerte de río Jordan que purifica hombres e ideas. Si Raúl Otacehé en Merlo sigue usando la violencia para patotear progresistas (del partido de Sabbatella o el de Victoria Donda, por citar dos) como en sus mejores épocas y no los deja ni pegar un afiche en las paredes, es un militante nacional y popular que banca a Cristina. Si los empresarios acompañan con verticalismo y se subordinan a las órdenes de Guillermo Moreno son integrantes de la burguesía nacional que banca el proyecto K junto a los trabajadores y los estudiantes. Si los jueces “exprés” resuelven rápidito que no hay nada que investigar en el enriquecimiento geométrico de Néstor y Cristina es porque hacen lo que deben y merecen ser premiados o protegidos por el Consejo de la Magistratura.


Esa es la lógica que articula el Gobierno nacional, y por eso casi no pueden respirar sin polarizar y descalificar al mismo tiempo. Dicen que hasta ahora no les ha ido mal con ese criterio de la elección permanente del enemigo. Que el odio es un motor poderoso de la historia y que la guerra popular y prolongada los mantendrá en acción hasta el último día de su mandato. Hay que reconocer que, en eso, tienen razón.


Publicado por HISTORIAS DEL CAMINANTE

ECOSUR - HOJA ABIERTA Nº 54

Un logro para los glaciares es un logro para la madre tierra

El pasado 28 de julio, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró EL DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO como DERECHO HUMANO.
A su vez, desde el año pasado el 22 de abril, celebrado como Día de la Tierra, es declarado como DÍA de la “MADRE TIERRA”. Ambas iniciativas promovidas por la delegación de Bolivia. Ambas legitiman un cambio en el mundo en el modo de ver a la naturaleza, ya no como “recursos” para “explotar” o cosas para utilizar, sino invitando a respetar a todo lo que nos da vida, permitir el equilibrio natural de todas las formas de existencia.

En nuestro país coinciden las demandas por el derecho al agua en todas sus formas y por el cuidado de sus fuentes y sus reservas, como son los glaciares. En este contexto, la Ley de Protección de Glaciares, gracias a la presión y la lucha de la gente y los movimientos sociales, logró su media sanción en diputados y confiamos en que será aprobada en el Senado, dado que los legisladores no tendrán forma de burlar esta vez la voluntad del pueblo, que se manifestó unánime por la preservación de los glaciares.

Sobre ambas cuestiones, Ley de Glaciares y Derechos de la Madre Tierra, hacemos la reflexión que sigue, entendiendo que todos quienes participamos para que la ley vetada fuera puesta finalmente en vigencia, estamos recuperando el derecho a relacionarnos con la Tierra.

Fueron los pueblos indígena originarios quienes, generación tras generación, mantuvieron esa cosmovisión ancestral de respeto y relación armónica con la naturaleza, “comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es interdependiente y está relacionado” (1). (La misma visión que rige las ciencias del ambiente desde que el Físico argentino Rolando García desarrolló la teoría de los SISTEMAS COMPLEJOS). Estas propuestas encuentran cada vez más apoyo y adhesión en el mundo, es este tiempo de crisis en que, más que el planeta es la vida humana la que está amenazada.

Considerar a la Tierra como madre, es considerarnos a los humanos como hijos, todos siendo sus hijos, todos dependiendo de lo que ella nos provee, y todos… sin hacerle daño! Todos y todo siendo parte de la madre tierra, unidos a los otros fenómenos de la realidad (2).

Acercarnos a conocer la idea de los originarios en relación a la naturaleza, nos hace ver que su identidad parte de una relación muy profunda con el entorno, por eso los territorios no son sólo un espacio de tierras, son la economía, la cultura, el pasado y el futuro. No es un terreno con título de propiedad que se puede poseer. Es que su concepto de comunidad es diferente a la nuestra, que la entendemos como estructura social, compuesta sólo por humanos; en la visión indígena, es “unidad y estructura de vida”, el ser humano es sólo una parte de esa unidad. También los antepasados son parte de la comunidad, el sol, los insectos, el viento, las piedras, todo tiene un rol y todo es importante para el equilibrio de la vida, si desaparece una especie, o se daña uno de sus elementos, se deteriora la vida.

Esta visión se empieza a formalizar en las nuevas Constituciones de estados como Ecuador y Bolivia, en la legitimación de Derechos como son los Derechos Colectivos-que son previos a los derechos civiles, pero históricamente se enuncian más tarde y es la que ha ayudado a escribir la declaración de los Derechos de la Madre Tierra que la Cumbre sobre Cambio Climático de Cochabamba (Bolivia) redactó para ser presentada ante Naciones Unidas.

Esta visión, a su vez, se va imponiendo entre nosotros y en las formas en que logramos expresar, como sociedad, que el agua es un bien público a proteger, y no como elemento, sino formando parte de un ecosistema, donde el daño en un punto deteriora todo el sistema y a nosotros mismos.

Cuando intentamos impedir emprendimientos inmobiliarios y viales sobre tierras vulnerables ambientalmente, cuando se resisten emprendimientos mineros a gran escala, cuando se defienden áreas de costa y humedales frente a “desarrollos urbanísticos”, cuando demandamos mapeos de vuelcos industriales y cloacales para que sea visible cómo tratamos al agua, qué hacemos sobre ella, estamos “redactando” los Derechos de la Madre Tierra. Es que entendemos que para cuidar la naturaleza no basta con resguardar algún área como paisaje, por sectores, tanto verde cada tanto gris, sino poder decidir en forma conjunta sobre nuestros territorios, el modo de producir/consumir y de intercambiar lo producido. A esto se lo llama SOBERANÍA.

Así, quienes militamos causas ambientales entendemos la conflictividad ambiental como lucha por los Derechos Humanos.

Esta lógica de comunidad, no “entra”, no cabe en las categorías clásicas de confrontar entre dos -para obtener más; no pide -para que le concedan. Es una visión diferente a la acostumbrada que determina las relaciones sociales, jurídicas, económicas actuales. El paradigma individual occidental, que estructuró lo que pensamos y lo que hacemos, admite sólo lo dual, blanco o negro, en oposición, en lucha de contrarios. En la relación con el territorio, con los ecosistemas, no se trata de que uno gane y otro pierda. No se trata de “entonces, construyo sólo dos torres, en lugar de cuatro”, “ocupo sólo 60 Has. en lugar de 150”, o similares, que pueden surgir de una solución negociada. Se tratará en tal caso de que se reoriente la inversión hacia lo que sirve para la vida, para cuidar la vida, para reproducir la vida. (la vida tuya y la mía, no tus ganancias, aunque derramen!). Aquí entra el rol de las instituciones, el Estado, los poderes públicos.

Es claro que se necesita readecuar el sistema jurídico, pero más que nada, generar otra forma de democracia, otra forma de decisión colectiva, estamos convencidos de que existen alternativas capaces de ser pensadas y de modificar la realidad para todos, con todos.

(1) Huanacuni Mamani, Fernando: Vivir Bien/ Buen Vivir. Filosofía, políticas y estrategias y experiencias regionales. Instituto Internacional de Integración. Bolivia, 2010
(2) Ídem.

Este Boletín de difusión lo edita la Fundación ECOSUR
Si desea contactarnos, puede hacerlo al C E: ecosur@fundacionecosur.org.ar
Si desea revisar las Hojas Abiertas anteriores, puede ingresar a:
http://www.fundacionecosur.org.ar/

DEFENSORIA EXHORTA A PROTEGER SITIOS ARQUEOLOGICOS

Por Indymedia Pueblos Originarios - Thursday, Aug. 26, 2010 at 3:47 PM
originarios-arg@indymedia.org


Tras una investigación iniciada por la denuncia del Movimiento en Defensa de la Pacha, la Defensoría del Pueblo de la Nación elaboró un dictamen dirigido a los municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando. Anselmo Sella, a cargo del organismo, exhortó a que adopten medidas para preservar sitios arqueológicos, amenazados por un descontrolado desarrollo inmobiliario. Asimismo, pidió la difusión a través de todos los medios de comunicación del listado de las evaluaciones de impacto ambiental presentadas para su aprobación, y aconsejó realizar audiencias públicas. Los pedidos de informes efectuados en junio por el organismo fueron ignorados por las intendencias.

A fines de marzo, la Defensoría abrió la actuación N° 959/10 sobre impactos negativos de los barrios privados, a raíz del campamento de vecinos e integrantes de pueblos originarios en una zona rural de Tigre y Escobar, a 50 kilómetros de la Capital Federal, en el marco del conflicto con la empresa Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común (EIDICO). El lugar que se defiende es ahora conocido como Punta Querandí, y está en el centro del avance de los countries de gran escala, que ocupan extensiones mayores a las 800 hectáreas.
Luego de cuatro meses de investigación, el organismo concretó su primer dictamen. "El desarrollo urbanístico e industrial no puede darse en detrimento del medio ambiente o de bienes que integran el acervo cultural de la Nación", expuso el Defensor Adjunto Anselmo Sella. Se espera para más adelante una segunda resolución donde se tratará específicamente la cuestión ambiental.
En sus considerandos, la resolución de la Defensoría destacó que, además de la destrucción de sitios arqueológicos, los vecinos denuncian que los pobladores aledaños a los barrios cerrados sufren problemas de comunicación vial y ven anegadas sus viviendas como consecuencia de haber sido elevado el nivel de las tierras donde son construidos tales barrios. Asimismo, resaltó que algunas urbanizaciones se hayan erigido en terrenos que fueran fiscales, existiendo dudas acerca de la legalidad de la enajenación de las mismas.

El dictamen del organismo reveló que los municipios ignoraron los pedidos de informes realizados durante la investigación. En efecto, el 17 de junio el organismo consultó a las intendencias de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando por las medidas implementadas para defender el patrimonio arqueológico y el listado de emprendimientos de barrios privados que fueron autorizados desde 1998. También preguntó a las intendencias cómo cumplían con el requisito legal de dar difusión a los estudios de impacto ambiental.

Ante la falta de respuestas oficiales, y la "relevancia y fragilidad del bien cultural a ser preservado", el Adjunto Primero Anselmo Sella exhortó a elaborar un mapa con la localización de sitios, yacimientos y objetos arqueológicos y paleontológicos; solicitar formalmente la inmediata intervención de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia al tomar conocimiento de la posible existencia de restos; y no autorizar emprendimientos en tanto no se hayan realizado las prospecciones previas que marca la Ley 25.743 de patrimonio arqueológico. En los emprendimientos ya autorizados que no hayan contado con este requisito, recomendó que se consensúe con los titulares su inmediata realización.

Sorpresivamente, el dictamen de la Defensoría coincidió con las durísimas declaraciones del vicepresidente primero de la Cámara Empresarial de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Eduardo Gutiérrez, quien acusó a EIDICO - una de las principales empresas del mercado inmobilario - de construir sobre terrenos de humedales sin aprobaciones ni estudios de impacto ambiental. "¿Quién o quiénes están encubriendo esta problemática durante tantos años?", se preguntó Gutiérrez durante una polémica abierta en la prestigiosa Expo Real Estate, realizada en el Hilton Hotel de Puerto Madero. El directivo de la CEDU pidió expresamente a los medios presentes ocuparse del tema y no silenciarlo más.

A continuación, la resolución completa de la Defensoría del Pueblo de la Nación.


BUENOS AIRES, 13 AGO 2010


VISTO la actuación N° 959/10, caratulada: "solicitud de intervención relacionada con la preservación del patrimonio arqueológico y natural del Delta del río Paraná, en la localidad de Tigre", y


CONSIDERANDO:


Que la presente actuación se inició con la presentación de vecinos de la localidad de TIGRE, provincia de Buenos Aires, en la que expresan su preocupación por la pérdida de sitios arqueológicos como consecuencia de la construcción de numerosos barrios cerrados.

Que señalan asimismo el impacto ambiental y social ocasionado por estos emprendimientos; en particular destacan la "urbanización de miles de hectáreas de humedales" con la afectación que ello representa al ecosistema del Delta del río Paraná.

Que denuncian también que pobladores aledaños a los barrios cerrados, pierden la fácil comunicación vial que desde antiguo existía con centros urbanos por la vasta extensión de estas urbanizaciones, que obligan a grandes rodeos y ven además, en muchos casos, anegadas sus viviendas como consecuencia de haber sido elevado el nivel de las tierras donde son construidos tales barrios.

Que se cuestiona asimismo, que tales urbanizaciones se hayan erigido en tierras que fueran fiscales, expresando dudas acerca de la legalidad de la enajenación de las mismas.

Que, en síntesis, la queja presentada contiene preocupaciones y denuncias sobre dos grandes temas: pérdida de patrimonio arqueológico y graves afectaciones al medio ambiente, con las consecuencias que ello acarrea al entorno social.

Que por la especificidad de ambas cuestiones, las mismas se abordaran separadamente en diferentes resoluciones.

Que en lo relativo a la cuestión arqueológica (objeto de la presente resolución), se resalta en la presentación la virtual pérdida de los sitios arqueológicos Punta Canal, Sarandí y Garín, y el serio riesgo que corren el sitio Rancho Largo y los tres sitios de La Bellaca.

Que con el objeto de abordar esta primera cuestión, esto es, la protección del patrimonio arqueológico, se cursaron pedidos de informes al INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO (INAPL) y al INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ICPBA), organismos públicos con competencia nacional y provincial en la materia.

Que a efectos de no angostar la investigación e incluir en la misma zonas afines, en las que podrían verificarse circunstancias similares a las planteadas por los interesados respecto de la localidad de Tigre, los requerimientos cursados a los Institutos citados en el considerando anterior, abarcaron la zona costera del río Paraná que se extiende entre los municipios de Zárate y San Fernando.

Que el instituto nacional respondió que entre esas localidades se detectaron y relevaron diversos sitios arqueológicos.

Que al contestar a la pregunta acerca de la pérdida o destrucción de sitios y yacimientos arqueológicos, en particular los sitios Sarandí, Garín y Punta Canal, el INAPL respondió: "En cuanto a la destrucción de los sitios Sarandí y Garín, la misma se produjo durante la década del '90 del siglo pasado, cuando no estaba sancionada la Ley Nacional 25.743/03. El motivo de su destrucción radica en la rápida expansión que tuvo la construcción de barrios privados en toda la zona del nordeste bonaerense...".

Que "...Con respecto al sitio Punta Canal...En diciembre de 2008, los Dres. Daniel Loponte y Alejandro Acosta realizaron un trabajo arqueológico en Punta Canal. Previamente a esta intervención se pudo constatar que gran parte del sitio se hallaba casi totalmente destruido debido a la construcción de un terraplén ferroviario que data de comienzos del siglo XX y luego por la ampliación del canal Villanueva en la década de los '90 o durante los primeros años de este siglo...".

Que el INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES respondió al requerimiento de esta Institución informando que "...En el área mencionada (Zárate-San Fernando) así como en otros sectores de la provincia de Buenos Aires, existe numerosa bibliografía centenaria que da cuenta de evidencia arqueológica".

Que en relación a la destrucción de los sitios arqueológicos precedentemente mencionados, el Instituto provincial se expresa en términos similares a los empleados por el Instituto nacional, ratificando que la destrucción de los sitios Sarandí y Garín, "...se llevó a cabo décadas atrás, con la implantación exponencial de barrios privados. Cabe aclarar, que en su conjunto, el patrimonio arqueológico y paleontológico de la República Argentina no contaba con una normativa clara de protección y por ende, las empresas construían sin ningún tipo de regulación".

Que lo informado por las dos instituciones es coincidente en cuanto a las causas que provocaron la pérdida de patrimonio cultural.

Que el desarrollo urbanístico e industrial (en los supuestos de instalación de establecimientos de esa naturaleza) no puede darse en detrimento del medio ambiente o de bienes que integran el acervo cultural de la Nación.

Que salvada la carencia legal apuntada por el ICPBA, a través del dictado de la Ley Nº 25.743, se imponía conocer, ante la denuncia recibida y por propia inquietud institucional del Defensor del Pueblo de la Nación, el grado de cumplimiento de esta norma y sus complementarias, en la zona geográfica antes delimitada.

Que para ello, se cursaron pedidos de informe a los Intendentes Municipales de las siguientes Comunas: ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE y SAN FERNANDO.

Que esas solicitudes abordaban aspectos esenciales que hacen al desarrollo sustentable, respetuoso del patrimonio natural y cultural.

Que, concretamente, se requirió a los municipios la siguiente información:


1. Si esa Comuna posee relevamiento de sitios arqueológicos y paleontológicos.


2. Si existen concesiones para prospección y/o investigaciones arqueológicas o paleontológicas.


3.- Si tiene conocimiento de denuncias efectuadas en los términos del artículo 13 de la Ley N° 25.743.


4.- Si en los emprendimientos autorizados por esa Comuna (Barrios Cerrados, industrias, etc.), se llevaron a cabo las prospecciones previas a la iniciación de las obras que prevé el artículo 13, párrafo tercero, del Decreto Nacional N° 1022/04.


5.- Si tiene conocimiento de la existencia de yacimientos arqueológicos o paleontológicos registrados.


6.- Si el Registro Arqueológico y Paleontológico de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural ha comunicado a esa Comuna, la existencia de yacimientos registrados y de denuncias recibidas en los términos del artículo 13 de la Ley N° 25.743.


7.- Para el caso de respuesta afirmativa a los puntos precedentes, qué medidas ha adoptado la Comuna para la preservación de su patrimonio cultural.


8.- Detalle los nombres y localización de los Barrios Cerrados (BC) autorizados a partir del 2 de febrero de 1998, indicando en cada caso:


a) Si se cumplió en cada caso con el estudio de Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Físicoambiental. Sírvase remitir copia de las conclusiones.


b) Si además del requisito contemplado en el artículo 3° del Decreto N° 27/98 de la Provincia de Buenos Aires, se requirió la prospección prevista en el artículo 13, párrafo tercero, del Decreto Nacional N° 1022/04


9.- A través de qué medios se cumple con la prescripción del artículo 17 de la Ley N° 11.723.


10.- Sírvase remitir copia del registro previsto en el artículo 24 de la Ley N° 11.723."


Que pese a haber recepcionado las municipalidades los pedidos de informes de esta Institución (tal como lo acreditan los acuses de recibos postales agregados a la presente actuación), no se han recibido las respuestas a las solicitudes.

Que la falta de contestación impide a esta Institución conocer la situación que se verifica en cada municipio respecto de los bienes arqueológicos que puedan localizarse en su territorio y la manera en que se da cumplimiento con la normativa dictada para la protección de los mismos.

Que dicha falta de respuesta y la relevancia y fragilidad del bien cultural a ser preservado, obligan al Defensor del Pueblo a la adopción de una actitud preventiva en la búsqueda de asegurar la plena observancia de las normas tutelares del patrimonio arqueológico.

Que si bien la Ley Nº 11.723 y el Decreto Nº 27/98 no imponen la celebración de Audiencia Pública para recepcionar y responder las observaciones sobre el Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Fìsicoambiental de los proyectos, la realización de la misma es una sana práctica de gobierno que otorga mayor transparencia a los actos de la Administración Pública, a la vez que confiere a los ciudadanos y ciudadanas una efectiva participación en el manejo de la cosa pública.

Que el Decreto 1022/2004 de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 13, párrafo 3º, establece la obligación de los responsables de emprendimientos, de la realización de una prospección previa a la iniciación de las obras, con el fin de detectar eventuales restos, yacimientos u objetos arqueológicos o paleontológicos.

Que la Ley Nº 11.723 Del Medio Ambiente, de la Provincia de Buenos Aires, en sus artículos 16 y 17, prevé el acceso de los habitantes de la provincia a las Evaluaciones de Impacto Ambiental y a las Declaraciones de Impacto Ambiental.

Que tal previsión debería estar acompañada de la adecuada publicidad, para no tornar abstracta tal prescripción.

Que lo hasta aquí sostenido corresponde hacerlo extensivo al patrimonio paleontológico, integrante también del Patrimonio Cultural de la Nación.

Que por ello, procede formular las pertinentes recomendaciones, en los términos del artículo 86 de la CONSTITUCION NACIONAL y artículo 28 de la Ley N° 24.284, a las municipalidades de ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE Y SAN FERNANDO y al REGISTRO ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 13, párrafo primero, de la Ley N° 24.284, modificada por la Ley N° 24.397.

Por ello,
EL ADJUNTO I DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
RESUELVE:


ARTÍCULO 1°.- Exhortar a las municipalidades de ZARATE, CAMPANA, ESCOBAR, TIGRE Y SAN FERNANDO, la adopción de las siguientes medidas (para el caso de no encontrarse ya implementadas) en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones:


a) Elaborar, con la información que suministren organismos y entidades especializadas, un mapa con la localización de sitios, yacimientos y objetos arqueológicos y paleontológicos


b) Solicitar formalmente la inmediata intervención de la DIRECCION PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, al tomar conocimiento de la posible existencia de restos, yacimientos u objetos arqueológicos o paleontológicos,


c) No autorizar emprendimientos cuando no se haya realizado la prospección destinada a detectar eventuales restos arqueológicos o paleontológicos.


d) En los casos de emprendimientos ya autorizados, que no hayan contado con la previa prospección, consensuar con sus titulares la inmediata realización de la misma.


e) Informar, a través de todos los medios de comunicación local, el listado de las Evaluaciones de Impacto Ambiental presentadas para su aprobación y la dependencia en la que los interesados puedan acceder a las Declaraciones de Impacto Ambiental.


f) Adoptar el procedimiento de Audiencia Pública para la recepción y evacuación de observaciones respecto de la Evaluación de Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Fìsicoambiental, para todos aquellos emprendimientos de envergadura.


ARTÍCULO 2°.- Exhortar al REGISTRO ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, que comunique, por medio fehaciente a las municipalidades, los registros existentes correspondientes a sus respectivas jurisdicciones.


ARTÍCULO 3°.- Poner en conocimiento de la presente al INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO y al INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.


ARTICULO 4º.- Regístrese, notifíquese y resérvese.


RESOLUCIÓN N° 100/10


Dr. ANSELMO SELLA


ADJUNTO I A CARGO DEL


DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION


ANEXO - LEYES Y DECRETOS CITADOS EN EL DICTAMEN


Ley 11.723 del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Provincia de Buenos Aires


ARTICULO 16º: Los habitantes de la Provincia de Buenos Aires podrán solicitar LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL presentadas por las personas obligadas en el artículo 11º. La autoridad ambiental deberá respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el titular del proyecto a las que otorgue dicho carácter.


ARTICULO 17º: La autoridad ambiental provincial o municipal según correspondiere arbitrará los medios para la publicación del listado de las EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL presentadas para su aprobación, así como el contenido de las DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL del artículo 19º.


ARTÍCULO 19º: La DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL deberá tener por fundamento el dictamen de la autoridad ambiental provincial o municipal y en su caso las recomendaciones emanadas de la audiencia pública convocada a tal efecto.


ARTICULO 24º: Las autoridades provincial y municipal deberán llevar un registro actualizado de las personas físicas o jurídicas habilitadas para la elaboración de las EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL regulada en el presente capítulo.


Decreto 27/98 de la Provincia de Buenos Aires para barrios cerrados


Artículo 3°.- La implementación de un barrio cerrado estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos sometidos a aprobación municipal y convalidación provincial:


a) La localización debe resultar compatible con los usos predominantes.


b) Las condiciones de habitabilidad, tanto en lo que hace al medio físico natural como a la provisión de infraestructura de servicios esenciales, deben estar garantizadas.


c) La presentación de un estudio de impacto que deberá incluir los aspectos urbanísticos, socioeconómicos y físicoambientales.


d) El emplazamiento no ocasionará perjuicio a terceros respecto de la trama urbana existente ni interferirá futuros ejes de crecimiento, garantizando el uso de las calles públicas de acuerdo a lo prescripto por los artículos 50 y 51 del decreto Ley 8912/77, artículo 1° del decreto Ley 9533/80 y artículo 27 del decreto Ley 6769/58.


e) El cerramiento del perímetro deberá ser transparente y tratado de manera que no conforme para el entorno un hecho inseguro, quedando expresamente prohibida su ejecución mediante muro aún en condiciones de retiro respecto de la línea municipal.


f) En caso de forestar el cerramiento del perímetro, aún en condiciones de retiro respecto de la línea municipal, deberán respetarse las condiciones establecidas en el inciso anterior.


g) Deberá prever su integración con el entorno urbano en materia de redes, accesos viales, servicios generales de infraestructura y equipamiento comunitario, con carácter actual o futuro. En todo supuesto, deberán respetarse y no podrán ocuparse por edificaciones, las proyecciones de avenidas y otras vías principales (y los retiros de líneas de edificación vigentes). Deberán asimismo construirse veredas perimetrales de acuerdo a las disposiciones municipales vigentes.


h) Se exigirá un compromiso de forestación del emprendimiento y de tratamiento de la red circulatoria, incluyendo la calle perimetral, mediante mejorado y pavimentación.


i) El equipamiento comunitario, los servicios esenciales y de infraestructura, así como los usos complementarios propuestos, deberán adoptarse en relación a la escala del emprendimiento.


j) En las áreas complementarias y rural deberán localizarse en zona residencial extraurbana (ZRE) y/o club de campo.


k) Los emplazamientos de barrios cerrados deberán contemplar la razonabilidad y/o impacto urbanístico respecto de las distancias con otros emprendimientos similares. En el caso que correspondiera se sancionará una ordenanza garantizándose el cumplimiento del decreto Ley 8912/77 y del decreto Ley 9533/80.


Ley Nacional 25.743 (2003) de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico


ARTICULO 13. - Toda persona física o jurídica que practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está obligado a denunciar al organismo competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo responsable de su conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se haga cargo de los mismos.


Decreto Nacional 1022/2004 - Reglamentación de la Ley Nacional 25.743.


ARTICULO 13. - La obligación de denunciar el descubrimiento a que se refiere el artículo 13 de la ley implica la de suspender toda actividad en el lugar hasta tanto la autoridad competente, según la jurisdicción de que se trate, tome la intervención prevista legalmente, debiendo adoptarse, hasta entonces por responsables del predio, todas las medidas tendientes a la conservación del yacimiento y/o los objetos arqueológicos o paleontológicos.


En los casos en que corresponda, se convendrá con los propietarios de los inmuebles, el tiempo y las características de la ocupación y, de no lograrse un acuerdo, se tramitará la ocupación temporánea o la imposición de servidumbre, mediante la sanción de una ley por las respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de las medidas judiciales que puedan solicitarse cuando razones de urgencia así lo exijan.


Las personas físicas o jurídicas, responsables de emprendimientos deberán prever la necesidad de realizar una prospección previa a la iniciación de las obras con el fin de detectar eventuales restos, yacimientos u objetos arqueológicos o paleontológicos. De verificarse su existencia, deberán facilitar el rescate de los mismos. Las tareas que se realicen a ese efecto deberán ser aprobadas por la autoridad de aplicación jurisdiccional.


Cuando una persona física o jurídica explote comercialmente yacimientos de material fósil con fines industriales, tales como bentonita, diatomita, campos de ostreas, calizas, arcillas u otros, se tomarán muestras testigo cuyo volumen determinará la autoridad de aplicación jurisdiccional, que serán depositadas en museos o instituciones científicas provinciales o nacionales, según corresponda por jurisdicción.

Si en el curso de ejecución de obras públicas o privadas, que implique movimientos de tierra, se hallaren fósiles u objetos arqueológicos, o se supiera que determinados sectores, regiones o zonas, constituyen yacimientos paleontológicos y/o arqueológicos, que por su tamaño, valoración patrimonial, científica y/o estado de preservación requieran especial cuidado, protección absoluta o parcial, trabajos de rescate o preservación, la autoridad de aplicación jurisdiccional podrá solicitar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de adoptar medidas tendientes a lograr la suspensión de las obras o proyectos en forma definitiva o temporal, según el caso.


Normativas completas: Ley 25.743 - Decreto 1022/2004 - Ley 11.723 - Decreto 27/98


pueblosarg.indymedia.org

jueves, 2 de septiembre de 2010

Montañas de basura, montones de responsables


Durante millones de años, los residuos nunca fueron un problema. El gran poder depurador de la naturaleza alcanzaba para borrar toda huella de todo residuo generado por cada especie que habitaba el planeta.

Todo seguía un ciclo y se retransformaba. Sin prisa pero sin pausa, los agentes naturales del suelo y del agua, como bacterias, hongos, lombrices, ácaros e insectos se encargaban del reciclaje natural de todo lo orgánico y las plantas del CO2 de la atmósfera. El equilibrio se mantenía naturalmente, sin esfuerzo.

Pero el Hombre comenzó a llamar materia prima a la naturaleza y a utilizarla de una forma desordenada, inconsciente y excesiva. Poniendo como excusa el desarrollo, se empezaron explotar más y más intensivamente los bienes naturales. Se iniciaba la Era del consumismo y con ella el concepto de que quien más basura produce, es más feliz.

Esta Sociedad de Consumo es a todas luces ambientalmente insostenible. Sus consecuencias sociales y ambientales están a la vista de quien las quiera ver. Enferma al planeta y los síntomas se multiplican diariamente.

En los primeros tiempos se sostuvo sobre la desigualdad entre norte y sur. El Sur hizo durante muchos años las veces de compensador de la presión sobre los bienes naturales ejercida por el consumo excesivo de los países más ricos.

Pero este consumo implicó un aumento constante de la extracción y explotación de esos recursos, que se fueron agotando, y de la consiguiente producción de residuos, que ha colmado ya hace años la capacidad de absorción del planeta.

La palabra basura tomó un significado despectivo, algo que carece de valor y de lo que hay que deshacerse, pero no se puede esconder eternamente la basura debajo de la alfombra y así pasó a convertirse en un problema a escala planetaria.

Un gran porcentaje de los residuos producidos por la actividad humana podría ser reciclado o reutilizado, sin embargo sólo se lo hace con la pequeña porción a la que se le ha encontrado la forma de hacerla “rentable”. Todo lo demás termina acumulándose en vertederos en el mejor de los casos o en ríos, mares y océanos generando el peor escenario.

En materia de consumo, no debemos pretender compensar para arriba, es decir que todo el planeta tenga la posibilidad de consumir en los niveles que lo hacen los países industrializados, pues eso nos llevaría a acelerar el colapso ambiental. Sino que es necesario compensar para abajo. Los países del primer mundo deben reducir sus niveles de consumo, si realmente están interesados en salvar al planeta de la catástrofe ambiental que se avecina.

La reutilización y el reciclaje son importantes paliativos, pero insuficientes. El verdadero y único camino para detener el colapso ambiental que provoca la acumulación de basura es la reducción de los niveles de consumo. Y en este sentido no estamos hablando solamente de cantidad, sino de la composición, embalaje, transporte, métodos de producción y demás factores que componen el impacto ambiental de cada producto que consumimos.

La irresponsabilidad de los usuarios o consumidores finales es una parte del problema. Claramente hay una falta de conciencia a la hora de elegir los productos que consumimos. Sin embargo, sigue siendo la parte más baja de la pirámide en la escala de responsabilidades y posiblemente la más fácil de solucionar si se ofrecieran al consumidor alternativas más ecológicas que no los espantaran por precio y/o baja calidad.

En el medio, con una mayor cuota de responsabilidad, se encuentran todas las empresas que participan, desde la extracción de la materia prima hasta que llega a las manos del consumidor. Y al tope de esta pirámide, con la mayor responsabilidad sobre deterioro ambiental, se encuentra este sistema económico basado en la acumulación de ganancias a cualquier costo, ambiental o social. Y es por consiguiente el cambio más importante y necesario para dejar de ser un problema para el planeta que nos da albergue y poder disfrutar de todo lo que nos brinda. Para que todas y todos podamos vivir en un mundo mejor.